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01/12/13 - Granma (Habana) - ¿Habrá voluntad política para normalizar las relaciones migratorias?

Enrique Ubieta Gómez

Durante más de medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos ha
manipulado sus relaciones migratorias con Cuba como instrumento de presión
o chantaje políticos. De una parte, la asfixia económica de un bloqueo que
en lugar de ceder se acrecienta con los años; por la otra, el incentivo de
la emigración ilegal -el nuestro es el único país del mundo cuyos
ciudadanos son aceptados y regularizados de inmediato si pisan ilegalmente
territorio estadounidense-, y su politización, al establecer que todo
emigrado cubano es un "refugiado". Solo crisis como las de 1980 y 1994,
han obligado al gobierno vecino a sentarse en la mesa de negociaciones, a
la que ha sido invitado siempre por Cuba. Del primer encuentro, emergió un
Acuerdo de Normalización firmado el 12 de diciembre de 1984. Entre otros
aspectos, aquel esfuerzo de concertación implicaba la devolución al país
de 2 746 "excluibles" del "éxodo" del Mariel, que vivían en Estados Unidos
y la concesión por parte de su Gobierno de hasta 20 mil visas anuales a
ciudadanos cubanos que deseaban emigrar. Cuba cumplió sus compromisos de
forma rigurosa. El Acuerdo se mantuvo vigente durante ocho años, hasta
1994 -su letra quedó sin efecto entre 1985 y 1987, por la salida al aire
de la mal llamada Radio Martí-, pero de las 160 mil visas que, sumadas,
debieron ser concedidas por los Estados Unidos, solo se entregaron 11 mil
222, es decir, el 7 % del total posible. En contraposición, continuó la
irresponsable aceptación en territorio norteamericano de polizontes o
secuestradores de naves aéreas y marítimas.

La llamada "crisis de los balseros" de 1994 conjuga esos factores:
recrudecimiento oportunista del bloqueo económico y comercial, que
aprovecha la caída simultánea de los mercados y los proveedores
socialistas, la aceptación tácita de la emigración ilegal -que permite el
secuestro armado de embarcaciones y aeronaves-, y la no concesión de visas
para la emigración legal. Como resultado, en 1994 emigraron ilegalmente
hacia los Estados Unidos más de 30 mil personas. La nueva crisis
migratoria condujo otra vez al diálogo, y a la firma de dos nuevos
Acuerdos: el Comunicado Conjunto del 9 de septiembre de 1994, así como la
Declaración Conjunta, fechada el 2 de mayo de 1995, que instrumentalizaban
las medidas convenidas. Ambos gobiernos manifestaron nuevamente su interés
en normalizar los procedimientos migratorios y se comprometieron, de una
parte, a no otorgar la aceptación provisional a todo emigrante cubano que
llegase a territorio estadounidense por vías ilegales, y por la otra, a
tratar de impedir por medios persuasivos las salidas inseguras. Se
comprometieron además a tomar medidas efectivas que impidiesen el tráfico
ilegal de personas y el uso de la violencia en el desvío de aeronaves y
embarcaciones.

El nuevo acuerdo mantuvo el coto de no menos de 20 mil visas al año, para
garantizar la migración ordenada. Las autoridades cubanas han concedido
todas las facilidades a los ciudadanos cubanos que han recibido la visa y
documentos de viaje para emigrar a los Estados Unidos. A partir de 1995,
los ciudadanos cubanos que fuesen interceptados en alta mar por
guardacostas y embarcaciones estadounidenses serían devueltos a Cuba, y
las autoridades de la isla se comprometían a no tomar medidas legales
contra estos infractores. También se acordó la devolución a Cuba de los
emigrantes que entrasen de manera ilegal a la Base Naval de Guantánamo. En
acciones de buena voluntad y cooperación, el gobierno cubano autorizó la
visita de fiscales, abogados e investigadores estadounidenses para
verificar la información y recoger las declaraciones sobre casos de
secuestro y operaciones de tráfico de emigrantes. Cuba ha tomado medidas
ejemplarizantes y eficaces, sin recibir colaboración alguna por parte del
gobierno de los Estados Unidos. El Estado cubano ha difundido artículos y
reportajes en sus medios de comunicación sobre casos de víctimas mortales
del tráfico humano y la emigración ilegal, con el objetivo de disuadir a
potenciales emigrantes y ha realizado acciones preventivas profilácticas
con individuos involucrados en salidas ilegales fallidas. Ha detenido y
sancionado además a organizadores, transportistas y guías de costa
involucrados en el negocio del tráfico de emigrantes. En los últimos
cuatro años ha endurecido su enfrentamiento. Nuestro gobierno ha arrestado
a decenas de traficantes y mantiene su disposición a entregarlos a la
justicia estadounidense, para que sean juzgados de acuerdo a las leyes de
aquel país. Las embarcaciones de los traficantes capturados son
confiscadas, según un Decreto-Ley promulgado al efecto. El artículo 348
del Código Penal cubano estableció la sanción de cadena perpetua para los
comisores del delito de tráfico de personas que emplearan la violencia,
con peligro o pérdidas de vidas humanas. Este aspecto del Acuerdo, de
vital importancia, fue violado en varias ocasiones por la administración
Bush, que admitió a secuestradores y a sujetos con causas legales
pendientes en Cuba. El gobierno estadounidense no descontinuó la práctica
de otorgar la admisión provisional automática a todos los emigrantes
cubanos que arriben a su territorio por vías irregulares, ni ha devuelto a
todos los emigrantes ilegales interceptados en alta mar. Durante el
mandato republicano se concibieron y ejecutaron programas, aún vigentes,
para estimular la deserción de colaboradores y profesionales cubanos desde
terceros países. La cifra de visas concedidas estuvo en esos años por
debajo de lo acordado. La marcha del cumplimiento de los Acuerdos fue
periódicamente revisada en 20 rondas de negociaciones conjuntas, desde
septiembre de 1994 hasta enero del 2004, en que fueron suspendidas por
decisión unilateral de los Estados Unidos. Solo a partir de la toma de
posesión en el 2008 de la administración Obama, se han expedido 20 mil
visas al año según lo acordado. Tras reanudarse con el Gobierno de Obama,
en julio del 2009, y realizarse cuatro rondas, fueron canceladas
nuevamente desde mediados del 2011, por decisión política unilateral del
gobierno estadounidense. El gobierno de Cuba presentó en el 2009 al
gobierno de los Estados Unidos un proyecto de nuevo Acuerdo Migratorio,
con la intención de eliminar las irregularidades descritas y fortalecer la
cooperación bilateral para el enfrentamiento a la emigración ilegal y al
tráfico de emigrantes. El proyecto de Acuerdo no ha sido aceptado por el
gobierno estadounidense. Pero la manipulación política de los contactos
entre los pueblos cubano y estadounidense, no solo afecta a nuestros
ciudadanos. El 16 de enero de 1961 se estableció por el gobierno de los
Estados Unidos que todo ciudadano estadounidense que deseara viajar a Cuba
tendría que solicitar un permiso especial, medida aún vigente. Cuba
eliminó el permiso de salida para los ciudadanos cubanos, ¿cuándo los
Estados Unidos eliminarán el permiso de salida para viajar a Cuba a sus
ciudadanos?

[1]De la paradoja al anacronismo (Primera Parte)

[2]De la paradoja al anacronismo (Segunda Parte)

References

Visible links
1. http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/10/nacional/artic07.html
2. http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/11/nacional/artic07.html


Original Source / Fuente Original:
http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/12/nacional/artic01.html