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01/31/13 - Cuba-L Analysis (Albuquerque) -El Estado y la transición en el socialismo: creando nuevos espacios en Cuba* 

[Este trabajo fue escrito en 1996 y publicado en Cuba solamente en 1997. En el mismo se describen una serie de procesos que se fueron desatando y desarrollando después de 1993.  El trabajo no analiza las condiciones que hicieron que el proceso no continuara particularmente después del 2001. No obstante, los cambios que se vienen dando en Cuba en los últimos 3 años rescatan el proceso que se inició anteriormente, y que ahora se consolida y profundiza. Pensamos que el trabajo puede ayudar a entender, analizar y discutir la situación presente]. 

Nelson P. Valdés


"El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el
francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir
guiándolos juntos para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a
aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la
abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con sus
trabajos y defienden con sus vidas..."
-- José Martí.  «Nuestra América»


Existen tres versiones de lo que se ha dado en llamar «la transición» económica,
política y social en Cuba.  Tanto en Miami como en Washington D. C. dos estrategias
se contraponen, aunque tienen un mismo fin.  Liberales y conservadores buscan
reemplazar el régimen político, social y económico establecido por la Revolución
cubana.  La única transición que parece proyectarse hacia el futuro es la
posrevolucionaria, capitalista y que rompe drásticamente con el sistema hoy
prevaleciente.  La diferencia entre liberales y conservadores no se basa en tener
distintos fines, sino en proponer métodos alternativos para obtener el objetivo
común.  Unos piden el embargo y su internacionalización; otros se oponen a esta
política.  En ambos casos, la justificación es la misma: cada uno dice poseer la
fórmula mágica y eficiente para iniciar la «transición» que dé al traste con la
Revolución cubana.  Los liberales critican la lógica conservadora argumentando que
una política dura hacia Cuba consolida a los revolucionarios, al proveerlos del
argumento de fortaleza sitiada y el uso del nacionalismo.  Los liberales tienen
razón.  Los conservadores responden que permitir relaciones normales con la Isla
ayudaría al sistema revolucionario a mantenerse en el poder.  Los conservadores están
acertados.  Cada uno tiene una correcta apreciación de las consecuencias de la
estrategia del otro.  Pero ambos defienden una premisa sin fundamento: que el futuro
de Cuba se determina desde afuera.  En Cuba ya se está dando una transición real
dentro de la Revolución.  Esa transición se desarrolla dentro del sistema, con su
propia dinámica.  Es necesario describir, analizar y entender ese proceso, la
dirección del cambio, los objetivos que se persiguen, la secuencia de sus medidas y
sus numerosas consecuencias.  Hay que referirse a numerosas transiciones, cada una en
su relación con otras, con diferentes actores, necesidades, lógicas y velocidades.
En el exterior se le presta poca atención a ese proceso, a sus continuidades,
rupturas y contradicciones.  Los periodistas suelen enfatizar lo anecdótico o
coyuntural.  Algunos académicos buscan lo que antes llamaban «élite fidelista» y
«pragmáticos», y que ahora clasifican como «duros» y «reformistas»: imponen así
categorías y caracterizaciones que no tienen nada que ver con el proceso mismo.1 Pero
en Cuba no hay ni «duros» ni «reformistas».  Sí tendencias sectoriales que,
dependiendo del problema, se inclinan hacia una de varias políticas posibles.2 Se
debe conocer y estudiar esa transición real dentro del socialismo, la cambiante
configuración de fuerzas y escenarios y qué tipo de modelo se va configurando.  El
debate sobre el proyecto revolucionario busca una tercera y viable ruta.


Cambios institucionales

Algunos autores cubanos han señalado que «la manera específica en que ha evolucionado
la política económica más reciente en Cuba, parece indicar el papel clave que ha
desempeñado la apertura económica en el lanzamiento y desarrollo de un proceso
paulatino de modificaciones institucionales que, en su propio avance, rebasó el
énfasis inicial en lo externo y se proyectó hacia lo interno».3 En este trabajo se
trata de describir y analizar, a grandes rasgos, algunas de esas modificaciones
institucionales referentes al Estado en Cuba.  Hay que detallar la aparición y
desarrollo de nuevas funciones institucionales y de nuevas instituciones.  Una
sociedad más pluralista no es la mera expresión de la voluntad de una o de once
millones de personas.  La política, particularmente los procesos democratizantes,
requieren la articulación de numerosos intereses mediante mecanismos propios,
institucionales.  Lo más significativo de la transición que se está produciendo en
Cuba es, precisamente, la aparición de nuevas tendencias, instituciones y espacios
para su expresión.4


Estado y Revolución

La literatura sobre procesos políticos que cambian abruptamente la configuración de
fuerzas en el control del Estado, sostiene la necesidad de una división aguda,
profunda y generalizada dentro del círculo gobernante.5 De lo contrario no existe una
crisis estatal o política.  Según esta concepción, en Cuba no existe una crisis
política.  Lo que podría considerarse más próximo a una situación de desconcierto
ocurrió en los meses posteriores a la desaparición de la Unión Soviética, cuando no
había una idea clara de qué se debía hacer.  Hoy, en la dirección del gobierno hay
una visión de lo que se debe hacer, existe cohesión junto con flexibilidad.  Es
nuestro interés describir los cambios que ya han sucedido, sin entrar a discutir los
que pueden sobrevenir a nivel de Estado y política.6 El carácter del Estado ha sido
revisado constitucionalmente y en la práctica.  La Constitución de 1992 le concede al
gobierno central más atribuciones y poderes de los que este ejerce en estos momentos.
Desde 1993 el Estado, a nivel nacional, se repliega en ciertas áreas.  Antes de
describir ese repliegue, hay que señalar la relación existente hasta hace poco entre
recursos estatales, poder político y legitimidad.  Un elemento fundamental de la
legitimidad de la Revolución cubana dependió de la distribución de recursos
materiales en forma de servicios sociales, consumo y mejoría del nivel de vida de la
población.  El contrato social revolucionario proveía equidad a la población y
obtenía a cambio un alto grado de legitimidad y un consenso bastante generalizado.
En esas condiciones, el Estado cubano y la dirigencia política funcionaban con una
gran independencia de presiones sociales o políticas.  La transferencia de recursos
de la antigua Unión Soviética a Cuba contribuía a facilitarle al Gobierno
Revolucionario el proceso político interno (el famoso problema de quién obtiene qué,
cómo y cuándo).  Una vez que dejó de recibir los beneficios de la relación
privilegiada con la ex Unión Soviética, el Estado vio reducida drásticamente su
capacidad para continuar de la misma manera su política distribucionista.  Los
esfuerzos por mantenerla, entre 1989 y 1992, fueron dramáticos.  Sin embargo, el
modelo anterior ya no era viable y, por consiguiente, el Estado no podía basar su
legitimidad exclusivamente en programas que continuaran distribuyendo de igual forma
recursos materiales y sociales.  Tendría, pues, que encontrar otras formas de
construir un nuevo contrato social y el consenso que le aportara una renovada
legitimidad.  La decisión del gobierno, obviamente, fue resolver primero las
cuestiones materiales, mientras se reforzaba el nacionalismo como instrumento de
unidad nacional y se dejaba para más tarde la rearticulación, por otros medios, del
consenso político.7 Apertura política en momentos de crisis económica, según el
liderazgo del Partido Comunista, no tenía sentido.  Sin embargo, esto no significa
que no se produjeran cambios políticos importantes.  Desde 1991, el Estado cubano
comenzó a reducir el número y las funciones de las organizaciones estatales, y se
distribuyó cierto poder lateralmente (a la Asamblea Nacional y a los nuevos
ministerios).  También inició la distribución de porciones de poder hacia instancias
inferiores del Partido y los gobiernos y asambleas provinciales y municipales.  Los
cuadros partidistas y estatales -lo que se ha dado en llamar el funcionariado-
disminuyeron considerablemente.8 Grados de autoridad y poder se movieron hacia
niveles inferiores como resultado de la falta de recursos del Estado y la presión de
esos sectores.9 La crisis fiscal nacional y la preocupación por la legitimidad
contribuyeron a la descentralización del poder.  El gobierno municipal y el
provincial han cobrado mucha más importancia.  Durante 1991 y 1992 se formuló la
necesidad de que las asambleas municipales y provinciales y los gobiernos a esos
niveles tuvieran poder y recursos propios.  Justamente en este nivel se darán los
procesos más importantes de la democratización de la sociedad cubana.  Los gobiernos
municipales están comenzando a desempeñar el papel de contrapartida de las entidades
administrativas y empresariales del Estado y de los nuevos sectores económicos.10 La
Asamblea Nacional, constitucionalmente el «órgano supremo del poder del Estado»,
tiene hoy un mayor papel en el país, aunque aún no practica todas sus atribuciones.
Pero ya ha entrado a cumplir una función central en la labor legislativa, en el
tratamiento de asuntos fundamentales del desarrollo socioeconómico y en otros temas
como el de los cubanos en el exterior -aunque esto se produce todavía, en buena
medida, fuera de los períodos de sesiones de la Asamblea.11 El Estado también se abre
a nuevos actores.  El reemplazo se convierte en algo natural y nada traumático.  El
vicepresidente Carlos Lage declaró que se trata «de darles posibilidades de
desarrollo a otros compañeros que se han destacado en el desempeño de sus
responsabilidades en favor del propio proceso de reorganización del aparato estatal.
Estos son cambios normales de renovación».12 Las personas reemplazadas son, según el
gobierno, de probada lealtad, consagradas al trabajo y con prestigio.  Pero aun así,
salieron de sus cargos.13 Un sociólogo cubano ha escrito que históricamente han
existido

sucesivas barreras que el sistema presenta al movimiento ascendente entre grupos
políticos, principalmente desde las bases, dada la tendencia de todos los grupos a su
autorreproducción y a la ausencia de reglas de rotación.  Estas limitaciones han sido
superadas en gran medida en el actual sistema político mediante la promoción de
políticas de cuadros y con la regla de representación mínima de los grupos de base en
los órganos de dirección colegiada.14

La lealtad es necesaria, pero no suficiente: hay que tener capacidad administrativa y
conocimiento -lo que en Cuba se llama idoneidad.  Este es un principio cada vez más
extendido.  En términos generales, el Estado cubano reduce su personal, disminuye sus
órganos estatales (hay menos ministerios), limita y redefine sus funciones,
descentraliza sus poderes horizontal y verticalmente, incrementa la autonomía de las
partes y de los diferentes niveles, promueve a nuevas personas, permite la aparición
de nuevos actores institucionales y adopta medidas en su funcionamiento que propenden
a conceder un mayor espacio al mercado.  Estas transformaciones pueden observarse
claramente en la relación entre el Estado y la economía.

Estado y economía

El Estado cubano administra y controla, pero de una forma diferente.  Se concentra
más en la regulación de los actores económicos.  Se puede observar una progresiva
complejización de la economía, en la cual hay cada vez más actores.  Entre 1989 y
1991 el Partido Comunista estudió detalladamente la experiencia de la Nueva Política
Económica rusa (1917-1924), así como la política china y, más tarde, la vietnamita.
Equipos de estudio discutieron estos temas, así como la necesidad de implantar en la
Isla una política económica de acuerdo con la situación objetiva.  Un análisis de la
«Resolución sobre el desarrollo económico del país», del IV Congreso del PCC, dado a
conocer en octubre de 1991, ofrece, en términos generales, muchos de los pasos que se
fueron aplicando después.15 En Cuba, se ha ido pasando de una economía típicamente
estatizada a una economía dual, y desde 1993 a una economía progresivamente mixta
donde aparecen gradualmente nuevos sectores.  Algunos autores han identificado este
proceso como la nueva economía socialista de mercado.16 Existe consenso sobre la
necesidad del cambio y sobre una economía mixta, pero no unanimidad sobre el tipo y
la secuencia de esos cambios, su rapidez, la extensión de las medidas o el grado de
influencia del Estado.  Aun cuando hay diferentes visiones, nadie auspicia que todas
las medidas se apliquen al mismo tiempo.  No es sorprendente entonces que en el
exterior, donde se espera un paquete de medidas rápidas, lo hecho hasta ahora se
considere inadecuado.17 Sin embargo, está en marcha un proceso que transforma la
relación Estado-economía.  El primero continúa regulando, pero administra cada vez
menos.  Se pasa de la planificación estatal a la autogestión empresarial.  Antes, el
Estado planificaba desde arriba, administraba los medios de producción, distribuía el
producto y poseía el capital.  Ahora hay un progresivo traspaso de la producción y la
distribución directa.  Por ejemplo, ya a fines de 1991 en el comercio exterior
comenzó un proceso paulatino de «traslado de actividades de las empresas estatales de
comercio exterior a organizaciones productivas».18 Hoy existen más de doscientas
empresas que participan en el comercio exterior.


El Estado se asocia con el capital extranjero

El Estado cubano ya no es el único actor económico.  Ahora se asocia con
inversionistas extranjeros.  A esta nueva relación se le llama «asociaciones
económicas extranjeras» y son de varios tipos -lo que demuestra la nueva complejidad
de la presencia estatal en la economía.19 En el panorama cubano actual existen:

1) Empresas mixtas: se unen dos socios, uno extranjero y otro estatal o paraestatal,
y forman una empresa o sociedad anónima, con sus propios recursos, personalidad
jurídica y con acciones nominativas.  La apropiación de la utilidad depende de cuánto
contribuyó cada parte.  Este tipo de institución se encuentra, predominantemente, en
el turismo.  2) Asociaciones contractuales: cada parte mantiene su independencia, no
se establece una tercera entidad; cada cual tiene sus recursos y puede entrar en
contratos con otras entidades.  (Ejemplos: la producción de cítricos y derivados,
artículos de tocador, etc.). 3) Contratos a riesgo: la empresa extranjera le adelanta
recursos a la parte cubana.  Ambas partes tienen su economía, recursos e
independencia.  El capital se adelanta sobre la base de un plan común de producción.
Si se obtienen resultados, la parte extranjera obtiene lo que invirtió y ganancias;
de lo contrario, pierde lo invertido.  Este tipo de contrato prevalece en la minería
y la prospección de petróleo (norte de la provincia de Matanzas).  4) Créditos a la
producción: un esquema financiero donde el inversionista extranjero aporta cierto
capital con un interés específico (también se le llama producción cooperada).20 El
crédito se utiliza para obtener los insumos necesarios para la producción industrial
o agrícola.  La parte extranjera también participa en la comercialización del
producto.  Un porcentaje del incremento de la producción pasa al que aportó el
capital.  (Ejemplos: producción azucarera, financiamiento de la zafra tabacalera,
producción de cigarrillos, arroz, soya, cocoa, aceites vegetales y tomates).21 5)
Contratos de administración: se negocia la transferencia de técnicas de
administración y mercadeo.  El extranjero no tiene propiedad.  Administra y obtiene
los clientes en el exterior.22 (Generalizado en la industria turística hotelera).  El
volumen total de la inversión extranjera en empresas mixtas era de cerca de 2 200
millones de dólares en julio de 1995.23 No sabemos la cantidad total de inversiones,
a corto plazo, si se consideran las asociaciones contractuales (había un estimado de
4 000 millones a fines de 1994).24 En toda Cuba había, hasta esa fecha, 214 empresas
mixtas y 644 representaciones extranjeras.25 La nueva Ley de inversiones extranjeras
permite la inversión directa de capital, sin la participación del Estado cubano.
Esto bien puede tener, a largo plazo, toda una dinámica que queda por analizar.  Pero
significa que el Estado cubano permite que actores económicos, externos al país,
tengan facultad para actuar dentro de un nuevo marco que no existía desde 1960.
Junto a la relación con el capital extranjero y su reciente autonomía, comienza a
cambiar la naturaleza de las empresas administradas por el Estado.  Esto marca otro
fenómeno altamente significativo por sus implicaciones sociales.


Corporativización de empresas estatales

Numerosas empresas estatales cubanas se transforman en corporaciones.  Sin embargo,
este proceso de corporativización, que requiere de amplio y profundo estudio, no ha
provocado atención entre los estudiosos del exterior, pues lo que estos buscan y
esperan es la privatización de las empresas estatales.  Eliana Cardoso ha señalado
que existe una diferencia decisiva entre privatización y corporativización: «lo que
importa es esta última, no la primera.  Corporativización significa la creación de un
órgano que agrupe a directivos y trabajadores para que miren por sus intereses
comunes, obtengan beneficios y eviten que los salarios excesivos arruinen el capital
físico y financiero de la empresa».26 No es necesario privatizar si se funciona
dentro de la lógica corporativa.  Y ese es el caso de un número cada vez mayor de
empresas que antes eran estatales y ahora son corporaciones.  En Cuba se les llama
sociedades anónimas con capital estatal, y las acciones de la corporación son
nominativas.27 En 1979 había en Cuba una sociedad anónima (CIMEX); en 1990 llegaron a
cincuenta.  En 1994, ciento cuarenta empresas estatales se habían transformado en
sociedades anónimas.28 La corporativización aumentará en los próximos años.  Desde
luego, para los ideólogos del mercado, es necesaria la privatización de la propiedad
para que exista una verdadera transformación económica, pero no hay consenso en la
literatura académica.29 Para los fines de este análisis, el aspecto más importante
acerca de la sociedad anónima cubana no asociada con el capital extranjero, es el
institucional.  La corporativización representa la transformación del cuadro político
en empresario económico.  Carlos Lage ha declarado: «tenemos ya empresas mixtas
funcionando, y en ellas los directores cubanos, los administradores cubanos, no son
capitalistas dueños de esas instalaciones, son cuadros de la Revolución en función de
la tarea que les dio la Revolución».30 Aunque es una descripción correcta de la
realidad, no nos debe llevar a considerar que estamos ante un capitalismo de Estado
con cuadros políticos y militares.31 Esta reconversión es importantísima en toda
discusión sobre la transición real dentro del socialismo.  El cuadro político ahora
necesita adaptarse a un entorno distinto, con otra lógica, otros procedimientos,
otras estructuras y otros valores.  Es claro que existe una cierta continuidad al
convertir al cuadro político, estatal o militar en empresario.  Pero más
significativo que los orígenes de los nuevos empresarios, es el hecho de que ya esos
cuadros no pueden actuar como antes.32 La corporativización representa una proporción
pequeña en comparación con las empresas que el Estado continúa controlando
directamente.  A corto plazo, el proceso de corporativización no parece que se
expanda.  En el segundo semestre de 1996 y hasta junio de 1997, se puede observar una
nueva etapa de «consolidación» en el sector.  Se mantiene lo hecho hasta ahora, se
estudia y revisa críticamente la experiencia y -si fuera necesario- se eliminan
aquellos elementos considerados como «excesos».  Además, todo hace indicar que está
en estudio el traspaso a diferentes Ministerios de algunas de las empresas que
inicialmente surgieron como parte del esquema corporativo.33


Redimensionamiento de empresas

Este es un proceso en que las grandes empresas económicas a nivel nacional se reducen
a empresas medianas (provinciales) y pequeñas (locales) donde el Estado continúa como
propietario, pero la empresa actúa con mayor autonomía.  En este sector tradicional
de la economía cubana hay un debate interno.  Existen dos escuelas contrapuestas que
se pueden llamar redimensionamiento y reconversión, respectivamente.  En el
redimensionamiento no hay transferencia de propiedad ni tampoco cambios en las
relaciones de producción, pero el Estado deja de administrar centralmente y provee
una mayor autonomía al empresario estatal, que ahora se encuentra en la provincia o
en el municipio.  Se ha definido «el proceso de redimensionamiento y saneamiento de
las empresas estatales» como algo dirigido a permitir «una empresa pública autónoma
de carácter mercantil».34 El redimensionamiento es una postura dramáticamente
diferente a prácticas revolucionarias anteriores; no obstante, para algunos es
insuficiente, al enfatizar solo lo organizativo.  La tesis de la reconversión parece
sugerir un cambio en la organización económica de la empresa, así como en la lógica
inversionista y en la propia estructura global de la economía.  Ha comenzado a surgir
lentamente una empresa estatal de nuevo tipo, con mayor autonomía en el uso de la
fuerza laboral y en la determinación de salarios mediante convenios con el sindicato.
Posee decisión productiva una vez cumplidos los compromisos con el Estado, incluyendo
la determinación de precios.  Este cambio supone la reducción al mínimo de los
informes al nivel central.  La empresa de nuevo tipo controla sus recursos
financieros para satisfacer necesidades de insumos y servicios; se autofinancia y
decide cómo distribuir ingresos, aunque tiene responsabilidades impositivas con el
Estado.  En el Congreso de la Asociación Nacional de Economistas (ANEC), celebrado en
marzo de 1995, el Ministro de Economía declaró: «con unas finanzas más equilibradas y
una economía que ha dejado de caer, se crean las condiciones para que las medidas
pasen de la esfera de la circulación a la de la producción».  O sea, ya se inicia el
cambio de las empresas estatales directamente conectadas con la producción.  Pero
esta transformación bien puede ser uno de los problemas más difíciles de solucionar.
Una comentarista cubana ha escrito que la remodelación del aparato empresarial del
Estado se considera «el punto crítico de la reforma económica».35 Ya existen
propuestas elaboradas de rediseño de todo el aparato estatal productivo, incluyendo
sus exposiciones públicas -lo que sucedió en el Congreso antes citado.36 Allí se
defendió la necesidad de otorgar a las empresas estatales y a sus empresarios una
autonomía como la de las empresas mixtas para poner fin a la economía dual.37 Pero no
es fácil esa transformación.  Se piensa que a la vez que se mueven las empresas hacia
una mayor autonomía y eficiencia, tendrán que reducir su tamaño -particularmente su
fuerza de trabajo- a fin de crear una situación donde dominen empresas medianas y
pequeñas.  En Cuba, hasta fines de 1995, se discutió públicamente este tema.  La
polémica se centró en dos ejes.  Uno era si debían establecerse o no cooperativas y
pequeños negocios privados en esas empresas, o por lo menos en los servicios.  El
otro eje enfatizaba las consecuencias sociales de dejar sin trabajo a medio millón de
obreros aproximadamente.  Aquí podemos observar la contraposición de enfoques.  Los
empresarios estatales deseaban la autoridad y la autonomía; su fuerza obrera se
oponía porque estimaba que se quedaría sin empleo.  Los proponentes más activos que
enfatizaban mayor eficiencia, racionalidad y un futuro despegue económico eran
economistas y funcionarios/administradores de nuevo tipo; algunos sociólogos, líderes
sindicales y políticos respondían que era necesario mantener el consenso social
mediante el empleo.  El gobierno busca la mayor eficiencia económica con el menor
costo social.  De ahí que en el último pleno de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), en 1996, el vicepresidente cubano Carlos Lage anunciara que la racionalización
de la fuerza de trabajo sería «de manera controlada, gradual y dirigida».  En otras
palabras, el gobierno no negaba la necesidad de redimensionar las empresas estatales,
pero lo haría con cautela para disminuir el costo social y político.  En el exterior
esto se interpretó, erróneamente, como una lucha entre «reformistas» y «ortodoxos».
La fórmula gubernamental sería «un proceso controlado, dirigido» sin brusquedades o
traumas.  El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Salvador Valdés, detalló la
solución: «estamos dando pasos en aquellos sectores, ramas y actividades donde
tenemos los aseguramientos necesarios para reanimar la producción».38 En los lugares
donde la racionalización de la fuerza de trabajo no produzca un inmediato
mejoramiento de la productividad, aquella tendrá que esperar.  El redimensionamiento
de empresas supone posibles altos costos sociales con connotaciones políticas.  Una
forma de escapar de esa disyuntiva podría ser convertir empresas estatales en
cooperativas.  De esa forma el Estado no sería responsable de emplear esa fuerza
laboral y esos obreros se convertirían en un nuevo sector -los trabajadores
usufructuarios.


Cooperativización de empresas estatales agrícolas

La transformación de granjas estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC), en septiembre de 1993, desmontó las relaciones predominantes de producción de
la agricultura estatal, aunque no cambió radicalmente las relaciones de propiedad.39
En pocos días el 52% de las granjas estatales -la mayoría irrentables- se convirtió
en UBPC.  El Estado mantiene el control sobre las relaciones de propiedad, pero
permite la propiedad privada sobre lo que se produce en la tierra.40 En otras
palabras, se establece la propiedad sobre el usufructo.  El Estado se separa
directamente de la producción agrícola, aunque en un primer momento determinó lo que
se debía producir y cuánto venderle.  Esta medida benefició aproximadamente a 400 000
obreros que dejaron de ser empleados estatales.41 Ya se han distribuido también las
granjas ganaderas a sus trabajadores.  Desde la promulgación de las UBPC se han
incorporado miles de personas.  Potencialmente se pueden beneficiar 800 000 personas,
quienes con sus familiares, significan un área de consumo de cerca de tres millones
de habitantes.42 Aunque la intención era aumentar la producción agrícola, un elemento
fundamental detrás de la medida perseguía asegurar la fuerza trabajadora en el campo.
En estos momentos uno de los problemas más serios de la agricultura es la mano de
obra.  Hay pocos trabajando la tierra, y la edad promedio es de cerca de 60 años.  La
creación de las UBPC transformó al trabajador de granja estatal en cooperativista, y
a la vez desencadenó otros procesos.  Por ejemplo, en las Cooperativas de Producción
Agropecuaria (CPA), creadas en 1963, hay poca mano de obra; lo mismo sucede en las
fincas privadas.  Los campesinos y las CPA vecinas de las UBPC «ofrecen salarios de
35 a 50 pesos diarios, más alimentos», a los miembros de las UBPC.43 Muchas UBPC
muestran ganancias no por su productividad, sino porque alquilan su mano de obra y
los instrumentos agrícolas que el Estado les proporcionó.  Las relaciones de
producción y de intercambio se hacen mucho mas complejas en el campo cubano.  El
modelo de las UBPC ya se aplica en otros sectores de la economía.  El 22 de mayo de
1995, Orlando Rodríguez Romay, ministro de la Industria Pesquera, dio a conocer la
creación de Unidades Básicas de Producción entre pescadores que trabajaban para el
Estado.44 Sería posible que en el futuro se cooperativizaran, mediante UBPC, algunos
servicios -por ejemplo, determinados restaurantes.  El cooperativismo como opción
productiva y como organización social podría reemplazar y complementar al Estado.
Las consecuencias e implicaciones de esta transformación es un tema de mayor estudio.


Política impositiva

Antes, el Estado se atribuía el control de los principales sectores de la economía.
Ya la Constitución de 1992 hacía una referencia genérica al control estatal sobre los
medios fundamentales de producción.  En estos momentos solamente la seguridad
nacional, la educación y la salud están excluidos de inversiones extranjeras, de
corporativización o de cooperativización.  Hasta hace poco, al administrar la mayoría
de los sectores económicos, el Estado se apropiaba automáticamente de las ganancias.
Pero ya todas no van a parar a sus arcas.  Esta nueva realidad «obliga a modificar,
necesariamente, las vías y modos que este tiene que aplicar para cubrir sus
gastos».45 Ya no es posible la planificación que existía en tiempos anteriores.  Por
lo tanto, se comienza a utilizar la política de impuestos como un mecanismo económico
más.  El viceministro de Finanzas, Rafael González, ha dicho que se trata de «un
instrumento regulador del Estado».46 Los impuestos se establecen gradualmente con sus
respectivas exenciones.47 Las autoridades mantienen que esta política impositiva
«refuerza la capacidad de recaudación y la disciplina de pago, hoy bastante
restringida; además propicia el desarrollo de una cultura económica, al tiempo que
entroniza más justicia social, es decir, los sectores que más reciben son los que más
deben aportar».48 La capacidad del Estado para iniciar proyectos comienza a
relacionarse con una orientación totalmente diferente de otros momentos.  El Estado
reconoce que la sociedad cubana posee diferentes estratos y clases con diferentes
ingresos y capacidades de pago.49 Ya no puede actuar hacia la población con una misma
política.  Es necesaria la diferenciación, que constituye en sí un reconocimiento de
la nueva sociedad en ciernes.  En la nueva visión, la cultura económica que la
población debe tener no se establece, desarrolla o generaliza meramente mediante
incitaciones políticas e ideológicas.


El mercado

El antiguo sistema basado en una planificación altamente centralizada, desde arriba,
es reemplazado gradualmente por otro, con un mayor peso de los mecanismos tributarios
y por una mayor descentralización de la gestión económica a nivel de ministerio, rama
y empresa.  La relación Estado-mercado también ha cambiado.  Se brinda mayores
espacios al mercado.50 La legalización del Mercado Agropecuario, en 1994, no
significó el retorno del Mercado Campesino, sino la extensión de este a otros
productores.  Formalmente, el Mercado Agropecuario es mucho más abarcador y flexible
que el Mercado Campesino.  En él puede participar todo el que lo desee, ya sea como
vendedor, intermediario o comprador.  El precio lo determina la dinámica
oferta/demanda.  Este mercado impacta a la población en su totalidad.  Y ese impacto
no es solo comercial, sino cultural.51 Hay 211 mercados agropecuarios en todos los
municipios (29 en la capital).52 Los agromercados distribuyen el 25% de los productos
agrícolas que consume la población.  Todas las instituciones que tengan productos
agrícolas pueden participar -desde el campesino individual hasta el Ejército Juvenil
del Trabajo (EJT) o el Ministerio de la Industria Básica (MINBAS).  Ya existe también
el mercado de productos industriales y artesanales.  No se ha desarrollado tanto como
el agropecuario, pero los productos creados en el mercado informal ya se confunden
con este.  Las empresas estatales también participan en estos dos mercados, y las
relaciones monetario-mercantiles se extienden.  No se debe confundir relaciones de
intercambio con relaciones de producción, pero es claro que las nuevas relaciones
aumentan, se amplían e impactan al resto de la economía y a la sociedad.  Las
empresas estatales se relacionan con fines mercantiles.  Esto también sucede dentro
de diferentes departamentos en los mismos ministerios.


Trabajo por cuenta propia

La extensión legal del trabajo por cuenta propia, en 1993, lleva implícito el parcial
reconocimiento del «sector informal».  También significó separar a un sector de la
población del trabajo para el Estado.53 Esta legislación marca el crecimiento, con
limitaciones, de un sector de pequeños productores y comerciantes en Cuba.  Hay
diferentes estimados sobre el número de personas que participan, a tiempo completo,
en el mercado informal y/o negro.  A fines de 1992 y 1993 economistas cubanos
calculaban que de 200 000 a 300 000 personas participaban como vendedores.  Hasta
mediados de 1995, un poco más de 140 ocupaciones y 170 000 personas en el país tenían
licencia de trabajadores por cuenta propia.  De estos, 50 000 se encontraban en La
Habana.54 En abril de 1997, la tenían 180 916 personas -un crecimiento obviamente
lento en comparación con 1995.55 Según datos de la primera etapa, el 35% de los
trabajadores de este tipo, con licencia, provenían del sector estatal, el 27% eran
jubilados y solo el 19% desocupados.56 A esta cifra habría que añadir cerca de medio
millón de personas que trabajaban por su cuenta, pero no poseían licencia.57 En
ocasiones, se ha rumorado la posibilidad del establecimiento de asociaciones
económicas entre particulares que permitan el surgimiento de pequeñas empresas en el
área de los servicios; o la autorización de asociaciones de trabajadores por cuenta
propia -por ejemplo, que varios mecánicos se asocien y se organicen económicamente.58
Pero desde 1996, estos rumores ya no se escuchan.  Los profesionales universitarios,
que hasta hace poco no podían trabajar por su cuenta, fueron incluidos en esa
categoría.  La resolución que permite este tipo de trabajo declara: «los
profesionales no podrán ejercer el trabajo por cuenta propia en la profesión o
especialidad para la cual han sido graduados en las instituciones de nivel superior,
que se reserva para el servicio público, sino exclusivamente en las actividades y
oficios aprobados».59 Existe un número de exclusiones y limitaciones, pero el Estado
tuvo que adoptar la medida ante la creciente presión de los profesionales.  El texto
establece que los profesionales no pueden considerar este tipo de trabajo «como una
fuente de empleo, ya que el Estado se lo garantiza y ellos tienen el deber de brindar
a la sociedad los conocimientos adquiridos».  El Estado cedió ante la demanda de los
profesionales en el sentido de que se les permitiera trabajar en aquellas actividades
que les pudieran aportar ingresos adicionales, y eso es precisamente lo que la
resolución reconoce -aunque no en la actividad para la que fueron entrenados.  Se les
negó, sin embargo, esa opción a dirigentes políticos y administrativos, personal de
las fuerzas armadas, funcionarios, jueces, fiscales o personas con cargos públicos.
En un futuro cercano el trabajo por cuenta propia tendrá que aumentar a fin de poder
absorber a los trabajadores que quedarán sin empleo.60 Entre 1993 y 1996 la
legislación sobre trabajo por cuenta propia fue enmendada en cuatro ocasiones.  Cada
revisión incluyó nuevas ocupaciones.  Si la política sobre cuentapropistas indicó una
relativa, aunque lenta, apertura a la independencia laboral, la legalización de
«paladares» -pequeños restaurantes privados- durante el mismo período, marcó el
comienzo de la empresa cubana privada familiar (doce sillas, altos impuestos,
trabajadores de la familia).61 A partir de 1996, la política gubernamental inició un
proceso de limitaciones y restricciones al trabajo por cuenta propia, en ciertas
áreas.  El control sobre los «paladares» y los alquileres de viviendas privadas a
turistas también fue más restrictivo y con mayores impuestos.  La política
restrictiva respondía, según las autoridades, a razones de carácter social -limitar
el proceso de estratificación y de desigualdad que ha aparecido en una sociedad que
antes era altamente homogénea.  Lo que se puede observar en todo este proceso es una
especie de «tanteo» y de «re-equilibrio permanente» que indica que, ante la
imposibilidad de funcionar como antes, el Estado abre gradualmente espacios a nuevas
instituciones y prácticas productivas, para más tarde tratar de limitar las
actividades de estas a los marcos que considera aceptables y adecuados.  Todos esos
cambios afectan, de varias maneras, al sector mayoritario de la población: la clase
obrera.


Eficiencia y solidaridad

Antes el Estado se responsabilizaba con el pleno empleo de la población; ya no es
así.  En Cuba había aproximadamente 3,6 millones de trabajadores en 1994.62 En 1990,
el 95% de las personas empleadas trabajaba para el Estado.  En junio de 1995 la cifra
era de 80%.  En 1990, el sector no estatal (incluyendo cuenta propia y cooperativo)
era el 5%; en junio de 1995 la cifra llegó a 19%.63 El Estado deja de ser el
empleador casi exclusivo.  Sin embargo, como señala Angela Ferriol, para el Estado
«el problema del empleo es el más complejo que deberá enfrentarse en el corto plazo
en el país, al requerir una solución que concilie lo económico, lo social y lo
político».64 Al buscar mayor eficiencia, rentabilidad, productividad, reducción de
costos y terminar con los subsidios, la consecuencia es un desempleo en aumento.65 Si
antes había un alto subempleo por no poder utilizar la capacidad de producción, ahora
se puede transformar en desempleo real.  En 1994, fuentes oficiales estimaron que la
fuerza de trabajo subempleada era de aproximadamente 800 000 personas en la actividad
productiva, excluyendo el comercio.  Si se suma este último sector, la cifra
sobrepasa el millón de obreros.  El 21% de todos los trabajadores en el aparato
estatal civil tiene nivel universitario o de técnico medio, y una gran proporción
está sobrecalificada para la posición que ocupa.66 La situación de los obreros en
empresas estatales es algo más compleja.  Hay numerosas fábricas paralizadas o
semiparalizadas.  El 75% de las empresas estatales, según la Agencia de Información
Nacional, es irrentable.67 Otras, sencillamente, no son viables debido a su
gigantismo.  Los trabajadores productivos argumentan que si se lleva a cabo un
«reordenamiento laboral», se debe comenzar por la dirección de las empresas,
incluyendo la burocracia y los servicios internos, porque allí sobran los
trabajadores, mientras que en la producción faltan.  Para el movimiento obrero,
habría que comenzar por la burocracia estatal y después por la de las empresas, antes
de tocar a los obreros productivos.  En Cuba hay demasiados trabajadores en ciertos
sectores, y falta de mano de obra en otros.  Por ejemplo, se necesita un estimado de
200 000 trabajadores en la agricultura cañera y no cañera; faltan enfermeras,
maestros primarios, mineros, operadores de equipos, entre otros.  Si se quiere
entender el debate interno cubano, hay que prestar atención a los términos que
presentan códigos claros.  Quienes consideran indeseable, pero necesario, dejar a
muchos sin empleo, hablan de la «racionalización» del trabajo.  Pero los que se
oponen a dejar cesantes a decenas de miles, enfatizan la necesidad de «reordenar» la
fuerza laboral, localizar a los trabajadores en otros lugares y asegurarles empleo.
El periódico Trabajadores, en una serie de editoriales, ha presentado el equivalente
de un programa de cómo resolver la crisis del desempleo:

Junto al realismo y al pragmatismo a que nos obligan nuestras realidades económicas,
marcha parejo el principio de no dejar a nadie abandonado a su propia suerte, no
permitir que el peso de la crisis económica recaiga sobre las capas más vulnerables
de la sociedad, y sostener por encima de todo las conquistas medulares de la política
social de la Revolución.  [...] La política solidaria del Estado y el Gobierno se
expresa, entre muchas otras formas, en el subsidio crecido que aún se aplica a un
grupo de alimentos esenciales, en el sostenimiento de elevados presupuestos para la
salud, la educación y la seguridad social; en la protección que los nuevos precios y
tarifas brindan a los núcleos de menores ingresos, y en la búsqueda de fórmulas no
traumáticas, graduales, a la hora de ejecutar los inevitables procesos de
racionalización de la fuerza laboral, de manera que se proteja al máximo el empleo de
los trabajadores [...] Si nuestro propio programa económico reconoce la necesidad de
que unos sectores logren recuperarse primero que otros, crezcan con mayor rapidez y
puedan servir como locomotoras para el resto de las empresas y sectores, ello supone
que, dentro de los principios de eficiencia, calidad y competitividad, las nuevas
capacidades financieras que se creen sean utilizadas para ejercer un efecto
potenciador sobre el conjunto de la economía.  Pensar en el país como un todo, buscar
soluciones en las producciones nacionales, ayudar a encontrar carga de trabajo y
fomentar empleo en las industrias que están por debajo de sus capacidades: he ahí una
vital concreción de la solidaridad.68

El movimiento obrero, en otras palabras, favorece los cambios siempre que se piense,
en última instancia, en las necesidades objetivas de consumo y empleo de ese sector
mayoritario de la sociedad cubana.  Otros abogan por abordar el problema con un
«programa de empleo imaginativo» que incluya la plena apertura del trabajo por cuenta
propia, la cooperativización y privatización del comercio minorista, los servicios y
la gastronomía; o la construcción de viviendas a bajo costo -que pagaría el
beneficiario.  El Estado cubano ya no brinda subsidios a muchos productos, sino a
personas necesitadas.69 La desigualdad se acepta por no quedar otra opción.  La
estratificación de ingresos aumenta con el consentimiento de la ley.  Se trata de
aplicar el principio socialista de distribución de acuerdo al trabajo, aunque no es
del todo posible por la existencia todavía de dos economías y dos monedas.


Conclusión

El Estado redefine sus funciones, su estructura y sus relaciones con la economía y la
sociedad otorgando o reconociendo nuevos actores económicos.  Se establecen nuevos
procedimientos, nuevos principios y nuevas prácticas -dictadas en gran medida por la
necesidad de funcionar de acuerdo con la lógica del mercado.  El sistema empresarial,
el uso del mercado y numerosas prácticas que ahora aparecen en toda la economía
cubana, se iniciaron en 1987-88 dentro de las fuerzas armadas.  Y es de notar:
implica que fueron los militares quienes primero experimentaron nuevas concepciones
empresariales y de organización económica, incluida la reducción del papel del Estado
en la administración de empresas.  El Estado cubano considera que la planificación
debe asignar recursos a aquellos sectores que lo necesiten y no tengan
autofinanciamiento -educación, salud, entre otros-, así como determinar qué sectores
incorporan qué tipo de mecanismo de mercado.  El Estado regula, corrige y complementa
al naciente mercado.  Ello no niega el establecimiento de nuevos actores en la
economía.  El espacio para la discusión se abre dentro del Partido Comunista.  Ello
refleja la diversidad institucional que poco a poco crece.  Pero la diversidad de
opiniones se relaciona también con los costos del nuevo proyecto de desarrollo.  Hay
intereses contrapuestos, pero se reconoce como algo natural.70 Si el Estado disminuye
su papel, descentraliza el poder y la autoridad en el área económica, cada sector
tiene que poder expresar y canalizar sus necesidades.  Se hace cada vez más imperioso
hacer más eficaces esos mecanismos.71 Entre los cuadros y militantes aparecen
criterios distintos que formulan los diversos intereses de la sociedad.72 Las
precondiciones para una sociedad más plural se desarrollan, y se fortalece la
sociedad civil de contenido socialista, independiente del Estado, pero no
necesariamente opuesta a él.  Esta es una transición que va creando los elementos
para una sociedad más abierta, impelida por la propia dinámica de la necesidad, de la
creatividad, de la Cuba real.  La cuestión, por supuesto, es entender ese proceso y
ver de qué forma se nutre y apoya, a fin de llegar, como escribiera Martí, al «estado
apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos».


Notas

1.  Existen numerosos representantes de estas «interpretaciones».  Carmelo Mesa-Lago
utiliza los términos «ortodoxos» (o «duros») en contraposición a lo que él llama
«reformistas» (o «técnicos cubanos de mentalidad abierta»).  Mesa-Lago detalla una
ocasión cuando, en contacto con cubanos de la Isla, encontró «que el debate no giraba
tanto en torno a si se debían utilizar o no los instrumentos del mercado, sino hasta
qué punto habrían de utilizarse, y cómo evitar sus consecuencias negativas».  La
experiencia no afectó, sin embargo, las categorías utilizadas.  Véase Carmelo
Mesa-Lago, «Cuba: un caso único de reforma anti-mercado.  Retrospectiva y
perspectivas», Pensamiento Iberoamericano, n. 22-23, 1992-1993, t. II, pp.  65-100; y
del mismo autor, «Evaluación y perspectivas de la reforma económica cubana», en Bert
Hoffman, ed., Cuba: apertura y reforma económica, Editorial Nueva Sociedad, Caracas,
1995, pp.  59-89.

2.  Tomemos un caso que refleja este debate: cuando comenzó a hablarse en Cuba sobre
el exceso de liquidez y la necesidad de reducirlo, inmediatamente aparecieron
distintas propuestas dependiendo de diferentes intereses.  Unos auspiciaron una
política de aumento de precios, la reducción de gratuidades y subsidios, así como la
introducción de impuestos.  Esta visión estuvo apoyada por varios ministerios y
organizaciones.  A esa propuesta se contrapuso otra que argumentaba que el exceso de
liquidez estaba concentrado en un pequeño sector de la población: lo que se debía
hacer era cambiar la moneda sin afectar a la mayoría.  Esta era la posición apoyada
por el sector obrero y otras organizaciones de masas.  En 1992, el 11,8% de las
cuentas de ahorros poseían el 68% de los ahorros.  Los sectores con mayores ingresos
(antes de julio de 1993) eran campesinos, cooperativistas agropecuarios, trabajadores
por cuenta propia y los que podían participar del delito económico.  La concentración
del ingreso es posiblemente más alta, pues debemos medir la moneda que no está en
cuentas de ahorros.  Solo el 15% de la población recibía remesas del exterior, y esto
tiende a concentrarse en La Habana.  En este debate prevaleció la primera posición.
Los estudiosos sobre Cuba en el exterior no se enteraron.  Hay que analizar los
matices de la realidad cubana.  Véase Didio Quintana Mendoza, Algunas consideraciones
acerca de la evolución de los ahorros monetarios de la población en el período
1975-1988, Instituto de Investigaciones Económicas (INIE), La Habana, 1989; y del
mismo autor, Una característica importante de la liquidez acumulada: su
concentración, Instituto de Investigaciones Económicas, La Habana, 1993.

3.  Pedro Monreal y Manuel Rúa, «Apertura y reforma de la economía cubana: las
transformaciones institucionales (1990-1993)», Cuadernos de Nuestra América, v. IX,
n. 21, La Habana, enero-junio de 1994, p. 176.

4.  Recién ha aparecido una literatura de exiliados y representantes del gobierno
norteamericano sobre la «sociedad civil emergente».  Mi trabajo no comparte la tesis
de la aparición de una sociedad civil que se opone al sistema económico, social y
político de Cuba.  En el caso mencionado, los autores se refieren a la aparición de
organizaciones de disidentes, etc. En Cuba lo que se puede observar es el crecimiento
de una sociedad civil socialista -que no ha sido estudiada integralmente hasta ahora.

5.  Theda Skocpol, State and Social Revolution, Cambridge University Press, Nueva
York, 1979.

6.  Para una discusión detallada de los posibles cambios futuros dentro de las filas
del Partido Comunista y de la población, véase Juan Valdés Paz, La transición
socialista en Cuba, Editorial Colihue, Buenos Aires, 1993.

7.  Esta tesis está desarrollada en Nelson P. Valdés, «The Hidden Blueprint: Economic
Policy and Political Processes in Cuba: 1993-1994», ponencia presentada al Congreso
Internacional de Latin American Studies Association (LASA), Atlanta, 10 de marzo de
1994, 14 pp.

8.  Más del 50% de los cuadros profesionales del Partido pasaron a tareas
relacionadas con la producción entre 1992 y 1995.

9.  Véase el capítulo XII, Artículos 103-119, Constitución de la República de Cuba,
1992.

10.  Haroldo Dilla, Gerardo González y Ana T. Vincentelli, Participación y desarrollo
en los municipios cubanos, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1993; Susana
Castañeda Donate, comp., Proceso electoral cubano, Dossier n. 2, marzo de 1993.

11.  Conversación del autor con Ricardo Alarcón, noviembre de 1994.

12.  «Cuba: Lage considera cambios ministeriales un relevo natural», Inter Press
Service, La Habana, 25 de enero de 1995.

13.  «Cuba: importante reestructuración del gabinete económico», Inter Press Service,
La Habana, 24 de enero de 1995.

14.  Juan Valdés Paz, ob.  Cit., p. 104.

15.  «Resolución sobre el desarrollo económico del país», Granma, La Habana, 17 de
octubre de 1991, p. 3.  Por ejemplo, el documento declara: «Como complemento a los
esfuerzos inversionistas que debe realizar el país, se estimula la inversión
extranjera en las ramas y territorios donde resulte conveniente por su aporte en
términos de capital, tecnología y mercado, utilizando para ese fin diferentes
modalidades de asociación, tales como empresas mixtas, producciones cooperadas,
acuerdos de comercialización, cuentas de participación y otras, según las
regulaciones establecidas en nuestra legislación».

16.  Un sumario de algunas de las visiones globales aparecen en el trabajo de Alfredo
Gónzalez Gutiérrez, Modelos económicos socialistas: escenarios para Cuba en los años
noventa, Instituto de Investigaciones Económicas (INIE), La Habana, mayo de 1993.  El
autor describe el modelo ortodoxo (1976-1985), el modelo dual (1986-1992) y el modelo
de la economía socialista de mercado (1993- en adelante).  Cada modelo, por cierto,
está determinado por la capacidad de compra de Cuba en el mercado internacional.

17.  «Cuba's Inadequate Economic Reforms», Voice of America, 5 de julio de 1995.

18.  «Exclusiva con Ricardo Cabrisas, ministro de Comercio Exterior», en Elsa
Barreras, comp., Reajustes y reformas en la economía cubana, 1994, Dossier n. 8,
Latin American Institute-Centro de Estudios sobre América, Albuquerque, New Mexico,
febrero de 1995, p. 79.

19.  «Nuestra estrategia: Entrevista de Ernesto Meléndez, ministro para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica», Granma Internacional, La Habana, 7 de junio
de 1995.  P. 6-7.

20.  Uno de los primeros trabajos sobre el tema es el de Niurka Hernández Pérez, La
producción cooperada en Cuba con empresas extranjeras capitalistas.  Importancia
actual y perspectivas, [trabajo de Diploma], Instituto Superior de Relaciones
Internacionales «Raúl Roa García», La Habana, abril de 1989, 153 pp.

21.  «Entrevista a Octavio Castilla Cangas, viceministro para la Colaboración
Económica y la Inversión Extranjera», Opciones, La Habana, 11 de junio de 1995, p.
4-A.  22.  «No es privatización lo que ofrecemos», Trabajadores, La Habana, 19 de
junio de 1995, p. 5.

23.  La Embajada cubana en Caracas, Venezuela, aportó este estimado.  Véase Dick
Parker, «La apertura al capital extranjero en Cuba: hacia dónde lleva a la
Revolución?», Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, n. 2-3, Caracas,
abril-septiembre de 1995, p. 54.

24.  Esta parece ser la modalidad en discusión.  Véase «Entrevista a Octavio Castilla
Cangas...», ob.  Cit., p. 4.

25.  «Cuba espera de España más participación comercial», Notimex, 5 de junio, 1995.

26.  Eliana Cardoso, «Cuba: un caso único de reforma anti-mercado.  Comentarios al
artículo de Carmelo Mesa Lago», Pensamiento Iberoamericano, n. 22-23, 1992-1993, p.
105.

27.  Sobre estas instituciones se ha escrito poco.  Véase Nieves Pico y Amelia
Mendoza, Caracterización de las formas legales y organizativas que operan en la
economía emergente, Instituto de Investigaciones Económicas (INIE), La Habana, mayo
de 1993.

28.  «Declaraciones de Ricardo Cabrisas, ministro de Comercio Exterior», Opciones, La
Habana, 30 de octubre de 1994, p. 8.

29.  En la década de los 30, Adolph Berle señaló que no era necesaria la coincidencia
de la propiedad y de la administración de las corporaciones.  La literatura sobre las
técnicas empresariales capitalistas enfatizan esto también.

30.  «Entrevista a Carlos Lage», Granma, La Habana, 14 de noviembre de 1992.

31.  Robert Lessmann se refiere a un «capitalismo de cuadros», que tiene su propia
lógica e intereses, aun cuando no antagónicos al Estado.  Véase Robert Lessmann,
Empresas mixtas en Cuba, Caracas, Nueva Sociedad, 1994, p. 57.

32.  Akos Rona-Tas, «The First Shall Be Last?  Entrepreneurship and Communist Cadres
in the Transition from Socialism», American Journal of Sociology, v. 100, n. 1, julio
de 1994, pp.  40-69.

33.  Por ejemplo, los CUPET (gasolineras), que ahora se encuentran bajo CIMEX,
podrían pasar al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) y las Tiendas
Panamericanas de CIMEX ser operadas por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

34.  Declaración de Arturo Guzmán, viceministro de Turismo, a Dalia Acosta, «Cuba:
economistas preconizan giro de 180 grados», Inter Press Service, La Habana, 23 de
marzo de 1995.

35.  Ibídem.

36.  Véase Centro de Estudios de la Economía Cubana, Propuesta para elaborar el
Programa de Reconstrucción de la Economía Cubana, manuscrito inédito, 1995; y Julio
Carranza, Pedro Monreal y Luis Gutiérrez, «Cuba: reestructuración económica,
socialismo y mercado», Temas, n. 1, La Habana, enero-marzo de 1995, pp.  27-35.

37.  La economía cubana se caracteriza por un sector tradicional y un sector moderno.
El primero funciona con asignaciones estatales, el segundo dentro del marco del
mercado.

38.  «Entrevista con el ingeniero Salvador Valdés Mesa, ministro de Trabajo y
Seguridad Social», Trabajadores, La Habana, 26 de junio de 1995.

39.  «Acuerdo del Buró Político», Granma Internacional, La Habana, 29 de septiembre
de 1993, Gaceta Oficial de la República de Cuba, 21 de septiembre de 1993, pp.
15-16.  40.  Algo similar sucede en la República Popular China y en Viet Nam.

41.  «Cuba: que se cayó y que se levanta», Envío, Managua, junio de 1995.

42.  Susana Lee, «Entrevista a Carlos Lage», Granma, La Habana, 30 de octubre de
1993, p. 4.

43.  Iliana Huatrive y Julio García Luis, «Laboratorio en Bauta», Trabajadores, La
Habana, 12 de junio de 1995, p. 3.

44.  Dalia Acosta, «Cuba: reformas de la pesca despiertan expectativas», Inter Press
Service, La Habana, 23 de mayo de 1995.

45.  «¿Por qué debemos hacer esta contribución?», Trabajadores, La Habana, 29 de
agosto de 1994.

46.  Orlando Pérez, «Cuba: continúan reformas económicas (III)», ALAI, Ecuador, enero
de 1995.

47.  Los más representativos son impuestos a utilidades de los trabajadores por
cuenta propia, ingresos en divisas, servicio de aeropuerto (en moneda convertible).
Se exceptúan los viajes por razones humanitarias o de interés social, trámites de
documentos de registro civil (certificado de nacimiento, matrimonio, testamentos,
declaraciones de herederos, legalizaciones notariales y otros), exposición de
propaganda comercial situada en espacios públicos, propiedad de viviendas,
embarcaciones, fincas, y transporte terrestre.

48.  Orlando Pérez, ob.  Cit.

49.  Sobre este aspecto de la estratificación social, la bibliografía cubana
disponible es muy escasa.

50.  El «mercado» para determinados sectores en Cuba parece como si fuera «un lugar».
En sí, la población se expresa en esos términos («vamos al mercado»).  Pero el
mercado no es meramente la compra y la venta de productos en un sitio.  El mercado es
toda una gama de relaciones, instituciones, mecanismos, valores y comportamiento.

51.  Cuando llegaban a los nuevos mercados, los cubanos compraban lo que encontraban,
sin regatear.  Tampoco escogían.  Los vendedores al comienzo no competían.  Hoy ya se
comparan precios, productos, calidad.

52.  Los productos agrícolas se pueden obtener en los agromercados y placitas.  Las
placitas distribuyen productos agrícolas por la libreta, a precios subsidiados.  En
la capital hay 123 placitas que distribuyen productos a 2,2 millones de habitantes.
Los mercados agropecuarios en La Habana reciben el 56% del ingreso bruto nacional de
esas instituciones, pero solo proveen el 32% de los productos distribuidos en el país
por los agromercados.  Véase Susana Lee, «Lapso adecuado para echarles una ojeada»,
Granma, La Habana, 30 de marzo de 1995.

53.  El trabajo por cuenta propia existió desde 1959, pero fue reduciéndose
sustancialmente hasta 1968, después dejó de crecer hasta 1989.  Se amplió el 8 de
septiembre de 1993 y se le añaden ocupaciones el 8 de junio de 1995.  Véase Antonio
Paneque, «Se amplía el trabajo por cuenta propia», Granma Internacional, La Habana,
28 de junio de 1995, p. 5.

54.  Véase «Crecen hasta abril los ingresos al presupuesto», Granma, La Habana, 7 de
junio de 1997, p. 2.

55.  Véase «Multan en Cuba a trabajadores por cuenta propia que violan la ley», La
Jornada, México D. F., 4 de julio de 1995, p. 27.

56.  Susana Tesoro, «Trabajo por cuenta propia», Bohemia, La Habana, 1 de abril de
1994.

57.  Conversación del autor con el subdirector del Centro de Estudios de la Economía
Cubana (CIEC), La Habana, 13 de junio de 1995.

58.  Véase «Posible la asociación entre particulares en Cuba», La Jornada, México D.
F., 29 de junio de 1995.

59.  El Nuevo Herald, Miami, 2 de julio de 1995.

60.  Hasta 1994 era una proporción menor la de los desempleados que entraban a
trabajar por cuenta propia, con licencia.

61.  «Resolución conjunta No.  4/95», Granma, La Habana, 14 de junio de 1995, p. 2.

62.  Mirta Rodríguez Calderón, «Sociedad: ausencia de una presencia», Bohemia, La
Habana, 17 de marzo de 1995.

63.  Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social (CETSS), Los recursos laborales y
el empleo en la coyuntura actual y en la perspectiva inmediata, La Habana, 1991.

64.  Angela Ferriol, El empleo: próximo desafío, Instituto de Investigaciones
Económicas (INIE), La Habana, mayo de 1994.

65.  Dalia Acosta, «Cuba: a menos subempleo, más desempleo», Inter Press Service, La
Habana, 4 de mayo de 1995.

66.  Angela Ferriol, Educación y desarrollo: la experiencia de Cuba, INIE, La Habana,
1991.

67.  «De 300 000 a 500 000 cubanos pronto sin trabajo, según fuente oficial», AFP, La
Habana, 17 de marzo de 1995.

68.  «Un principio al que no renunciaremos», Trabajadores, La Habana, 27 de marzo de
1995.

69.  En 1994 la asistencia social fue de 97,2 millones de pesos, y en 1995 subió a
154 millones.  Estos fondos se usarían para ayudar a los desempleados.  En mayo de
1995, según cifras oficiales, había 140 000 desocupados recibiendo ayuda estatal.

70.  Tres autores cubanos escribieron hace poco: «Si el socialismo ha de ser viable,
tendrá que serlo, como ha ocurrido con todos los modos de producción conocidos, en
condiciones de relativa escasez, es decir, en un contexto de conflictos en la
asignación de recursos.  El socialismo no elimina el "problema económico" de la
sociedad, sino que ofrece una forma específica -distinta a la del capitalismo- de
enfrentarlo.  En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la idealización de la
economía socialista es negativa para su funcionamiento.  El socialismo no debe ser
asumido como un sistema con características "inmaculadas", los conflictos de
intereses que se presenten deben ser entendidos como parte normal de su
funcionamiento y no mecánicamente como un rezago del pasado, una imperfección o una
conspiración».  Julio Carranza, Pedro Monreal y Luis Gutiérrez, ob.  Cit.

71.  Véase Haroldo Dilla, «Cuba: la crisis y la rearticulación del consenso político,
notas para un debate socialista», Cuadernos de Nuestra América, v. X, n. 20, La
Habana, julio-diciembre de 1993.

72.  Véase Juan Luis Martín, La participación de los trabajadores en las empresas,
CIPS, La Habana, 1993 [inédito].

Fuente de este ensayo: Nelson P. Valdés, El Estado y la transición en el socialismo: creando nuevos espacios en Cuba, TEMAS, no.  9 enero-marzo 1997.