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10/31/09 - Juventud Rebelde (Habana) - Las transnacionales a la sombra del
bloqueo a Cuba

Las transnacionales siguen apostando al bloqueo como la única fórmula para
que su «traspatio» y antiguas propiedades se mantengan lo más vírgenes
posible, mientras siguen esperando convertir en realidad la alucinación de
ver caer la Revolución


Marcelo Peréz Suárez *Doctor en Ciencias
digital@juventudrebelde.cu
31 de Octubre del 2009 20:25:57 CDT
A lo largo de 50 años las administraciones norteamericanas se han ido
turnando para hacer lo mismo: endurecer o flexibilizar las medidas del
bloqueo, pero este nunca ha cambiado en su esencia y, como dijera un
investigador cubano, es sin dudas el asedio más prolongado de la historia de
la humanidad. La cuestión es el porqué.
Desde su génesis se declaró por los propios norteamericanos que el objetivo
del bloqueo era crear hambre y desaliento; impedir que Cuba ingrese divisas
y causar graves daños económicos; hacer creer la inviabilidad de nuestro
proyecto social e inculcar en las mentes de los cubanos que somos incapaces
por nosotros mismos de enfrentar las dificultades; en fin, socavar la
Revolución desde dentro.
Sin embargo, no lo han logrado en medio siglo. Cuba ha resistido y ha
vencido al bloqueo demostrando una férrea resistencia, apegada a su
inalterable historia de lucha. La comunidad internacional acaba de volver a
patentizar en la ONU su rechazo al bloqueo por decimoctava ocasión. Por
tanto, ¿qué fuerza dentro del imperio puede hacer que se lacere su «orgullo»
de potencia mundial sin importarle reafirmar su desvergüenza ante el mundo?
¿Por qué persiste el bloqueo a Cuba si, como se dice, nuestro país no está
en la prioridad de la agenda exterior de Estados Unidos?; ¿por qué inventan
listas negras e increíbles argumentos para tener siempre a Cuba en el
banquillo del «mal» y así mantener las «justificaciones» del bloqueo?
Podrían ser muchas las respuestas, pero hay un elemento que siempre ha
estado detrás del ejecutivo norteamericano ejerciendo su poder desde la
sombra: las transnacionales. Muchos pudieran pensar que se trata de una idea
trasnochada en el caso Cuba al paso de 50 años y en la era de la
globalización, pero no es así.
Dos meses después del 19 de febrero del 2008, cuando nuestro Comandante en
Jefe anunció que renunciaba al cargo de Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, se publicó en la CNN Money.com, con el título: «Lo que está
en juego en Cuba para las corporaciones», que las acciones de la compañía
OfficeMax se habían elevado en un 12 por ciento con esta decisión del
compañero Fidel, motivado porque se había hecho dueña de la Compañía de
Electricidad y de la papelera Boise Cascade, propiedades norteamericanas que
se le reclamaban a Cuba.
¿Qué quiere decir que al cabo de 49 años una empresa norteamericana se había
hecho dueña de la extinta y legalmente nacionalizada «Compañía de
Electricidad de Cuba»? ¿De dónde salió semejante enajenación? Pues bien, un
grupo de transnacionales norteamericanas se han ido trasladando de una en
otra, el sueño de recuperar las propiedades nacionalizadas en Cuba u obtener
un valor compensatorio que los propios EE.UU han definido unilateralmente.
Es en la segunda mitad de la década del 70 cuando data un notable ejercicio
de influencia política de estas transnacionales con el objetivo precisamente
de frenar los aires antibloqueo que corrieron por primera vez en los
pasillos del Congreso norteamericano, condicionado por algunas compañías que
argumentaban que el bloqueo a Cuba menoscababa sus intereses.
En esa fecha al parecer se ponen a prueba los poderes corporativos
transnacionales norteamericanos en una «secreta» y descarnada guerra sobre
Cuba, en la que prevaleció la posición e influencia del Joint Corporate
Conmittee on Cuban Claims (JCCCC), creado en 1975 y que reunió a unas cinco
decenas de compañías afectadas por las nacionalizaciones en Cuba con el fin
común de exigir al gobierno de EE.UU una elevada compensación por los
«daños».
El JCCCC ha estado acompañado en su posición desde un inicio por otro grupo
de transnacionales asociadas a intereses económicos en Louisiana, Florida,
California y otros estados, porque los renglones o servicios que allí se
producen, son similares a renglones exportables cubanos y entrarían
supuestamente en competencia comercial si se produjese el cese del bloqueo,
lo cual es lamentable debido a que estudios realizados en las propias
universidades norteamericanas e incluso expuestos algunos de estos
resultados en el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, demuestran la
no afectación a dichos intereses.
Lógicamente no podría estar ajeno el segmento reaccionario de la comunidad
cubana en EE.UU., con reclamantes en su mayoría particulares, los que
también han ejercido una fuerte presión desde la década del 80 mediante el
oneroso aporte del lobby anticubano a sus «representantes» permanentes en el
gobierno y a otros que a lo largo de la historia del conflicto han ido
comprando y comprometiendo. Es archiconocido el papel de la transnacional
Bacardí como líder de este grupo, la que nacionalizada en febrero de 1962,
ha actuado en feroz venganza teniendo un activo papel en el bloqueo, sus
leyes y la subversión en general contra Cuba.
Se trata de cuatro actores con intereses de capital que compiten y ejercen
influencia en el proceso de formulación de política; tres que de una u otra
forma apuestan a que se mantenga el bloqueo (las transnacionales
reclamantes, las que creen que se afectarían al competir con nuestros
productos y la extrema derecha de la comunidad cubana), y un actor que,
perjudicado o no con el triunfo revolucionario en 1959, desea invertir y
negociar en el mercado cubano, y lo hace en la actualidad bajo innumerables
restricciones y trabas para ambas partes.
Después que el JCCCC logró detener el debate congresional sobre la posible
eliminación del bloqueo a Cuba durante la administración Carter, continuó
con fuerza su labor de sapa, velando que ante las fusiones que normalmente
se producen entre compañías o la compra-venta de acciones, se garantizara
que los nuevos «dueños» mantuviesen los derechos de reclamación en Cuba.
De este proceso salió al parecer la mencionada OfficeMax y otros reclamantes
como el Bank of America, quien en el 2004 asumió como «sucesor» de las
reclamaciones originarias del First Nacional Bank de Boston, luego que este
se fusionara con el BayBank, renombrado como BankBoston, quien a su vez en
1999 se fusionó con la inversión bancaria Fleet Financial Group para
convertirse en FleetBoston Financial Corporation, adquirido finalmente por
el Bank of America.
No se puede dejar de decir que estos subrepticios movimientos del capital
han estado amparados por las leyes norteamericanas desde muy temprano. En
1964 dictaron la Ley de Reclamaciones Cubanas y la Enmienda Hickenlooper.
Bajo el amparo de la primera, iniciaron un primer proceso de certificación
que culminó en 1972 con la aceptación de 5 911 reclamantes con un monto
total de más de 1 850 000 dólares y la aplicación de una tasa anual del seis
por ciento de intereses, que hoy serían más de 7 000 millones de dólares.
Como dato a significar, a pesar de que 5 013 reclamantes son personas
naturales, 30 transnacionales norteamericanas concentran casi el 60 por
ciento del valor total del dinero; además los documentos extendidos desde
esa fecha pueden constituir títulos negociables en las bolsas de valores.
Es por eso que no nos debe sorprender que el monto actual del valor
reclamado sea mucho mayor, y en igual proporción la presión e influencia de
las transnacionales dentro del gobierno de EE.UU en comparación con la
ejercida en la década del 70 a Carter. Incluso desde esa etapa, en los
encuentros que tuvieron lugar entre las partes cubana y estadounidense (1975
y 1977), el primer punto de la agenda propuesto por EE.UU fue el tema de las
compensaciones a dichas propiedades nacionalizadas.
Pero 20 años después, otra señal dio muestras de la influencia de estas
transnacionales «afectadas» o ya «dueños» de las reclamaciones: la Helms
Burton o ley contra las inversiones de terceros en Cuba, como también se le
puede llamar.
Este engendro legislativo estableció en sus Secciones 205 y 207 que el
retorno de las propiedades nacionalizadas por Cuba a manos de ciudadanos o
entidades estadounidenses, o la «adecuada» compensación de las mismas, son
una «condición esencial» para el retorno a las normales relaciones
económicas y diplomáticas entre ambos países.
Dos años después de firmarse esta ley, EE.UU. también logró que la Unión
Europea cediera en este tema, comprometiéndose a no invertir en las
propiedades «confiscadas» por Cuba.
En febrero de 2006 culminó un nuevo trabajo de la Comisión para la Solución
de Reclamaciones al Extranjero, indicado nada menos que al nivel de la ex
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aceptándose otras dos reclamaciones
de propiedades nacionalizadas con el triunfo de la Revolución.
América Latina ha sufrido las embestidas del gobierno norteamericano cuando
las propiedades de sus transnacionales han sido nacionalizadas o sus
intereses afectados. No se podrá olvidar a la United Fruit Company en
Guatemala; al Grupo financiero Guggenheim y a la Gulf Oil Company en
Bolivia; a la ITT en Chile para derrocar a Allende; a la Perrine Bank en
Jamaica contra Manley. Varias de estas transnacionales también fueron
afectadas con las nacionalizaciones en Cuba, a diferencia de que el mismo
esquema subversivo les falló en Playa Girón y en todo el ulterior arsenal
empleado en su guerra económica y biológica e intentos de asesinatos de
nuestros líderes.
¿A qué siguen apostando estas transnacionales?, al bloqueo como la única
fórmula para que su «traspatio» y antiguas propiedades se mantengan lo más
vírgenes posible, mientras siguen esperando convertir en realidad la
alucinación de ver caer la Revolución y ejercer el derecho americano de
cobrar un dinero inexistente y que sigue creciendo solo. Trabajo para los
tanques pensantes y los contribuyentes, porque Cuba seguirá siendo dueña de
su destino.